El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración de zonas gravemente afectadas por Emergencias de Protección Civil en 176 territorios de 14 Comunidades.
Los daños sufridos por los incendios forestales del pasado mes de julio en terrenos de Mombeltrán y San Esteban del Valle recibirán ayudas estatales. El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la declaración de zonas gravemente afectadas por Emergencias de Protección Civil (antes denominadas 'zonas catastróficas') en un total de 176 territorios de 14 Comunidades que sufrieron desastres de cualquier tipo entre los pasados 27 de febrero y 14 de septiembre, según informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Dos de ellas son Mombeltrán y San Esteban del Valle por los incendios forestales que padecieron en sus términos municipales el 4 y el 8 de julio, respectivamente, y sus damnificados podrán reclamar a partir de ahora las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ambos fuegos tuvieron orígenes y consecuencias diferentes ya que el primero de ellos comenzó al arder accidentalmente un turismo en la N-502 y afectó a 20 metros cuadrados de cuneta tras casi una hora y media y llegar a declararse tanto el Nivel 2 como el corte de la carretera mientras que el segundo fue intencionado de madrugada con varios focos a la vez en plenas fiestas patronales y calcinó 2,57 hectáreas de arbolado tras 13 horas activo en Nivel 1 en la zona del puerto de Pedro Bernardo.
Dichas ayudas previstas en la ley para estas situaciones, reguladas en el RD 307/2005, de 18 de marzo, son competencia del Ministerio del Interior y entre ellas se incluyen: compensaciones de 18.000 euros por daños personales muy graves, hasta 2.580 euros a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad, hasta el 50% de los daños - con diferentes máximos de cuantías - por daños o destrucción de la vivienda habitual o de elementos comunes de comunidades de propietarios y entre el 50% y el 100% a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre otras.
La intervención de la Administración General del Estado está justificada en todas las emergencias mencionadas anteriormente al haber causado "daños personales y estragos de distinta consideración en infraestructuras, bienes públicos y privados o en servicios públicos" y se apoya en el principio de solidaridad interterritorial con carácter subsidiario y complementario a las actuaciones que adopten las diferentes administraciones autonómicas, agregan.
En el caso de la provincia de Ávila, además, están incluidas las localidades de El Hornillo, Candeleda, Santa María del Tiétar, Cabizuela y El Bohodón, todas ellas también por incendios forestales.
Según se puede leer en la nota de prensa del Ministerio el fuego ha sido el motivo más repetido en el total de emergencias que optarán a las ayudas en España, aunque también se han concedido a diferentes terrenos dañados por inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos de cualquier tipo, incendios industriales, vertidos y contaminación de aguas.
(Imagen de archivo).